La citada Orden, por la que se aprueba el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y que establecen los niveles de alerta sanitaria que se tienen que aplicar a cada una de las islas, dispone un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis sanitaria, entre las que se encuentran la obligación de presentar el certificado Covid en el ocio nocturno, la exigencia de una tasa de vacunación del 80% para aforos, visitas a residencias de ancianos solo autorizadas a las personas que dispongan del certificado Covid, la obligación de presentar pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a grupos específicos como usuarios y trabajadores de nueva incorporación y a los trabajadores no vacunados en centros asistenciales.

A juicio de la Asociación ELEUTERIA, estas medidas suponen una clara vulneración de derechos fundamentales, recogidos en nuestra Constitución Española y diversos tratados internacionales, tales como el derecho a la igualdad, recogido en el artículo 14 de la CE y al derecho a la intimidad y a la protección de datos, recogido en el artículo 18 de la misma; y recuerda que en España la vacunación no es obligatoria.

  A mayores requiere al Consejo de Gobierno que aporte la documentación que tengan en su haber en virtud de la cual justifican la limitación de dichos derechos; con el número de casos, cómo se han diagnosticado, número de ciclos de las PCR,  número de casos sintomáticos y si se han hecho cultivos o alguna otra prueba complementaria a las PCR, dado que se ha demostrado que las pruebas PCR resultan ineficaces para acreditar que se esta infectado del SARS CoV 2, tal y  como ha reconocido sanidad y la propia OMS, por lo que para restringir derechos fundamentales resulta imprescindible  acreditar  mediante prueba documental y especialmente prueba suficiente, que los computados como positivos realmente estaán afectados de SARS COV2.