La asociación por los derechos fundamentales, ELEUTERIA, solicita a las administraciones autonómicas que aporten informes médicos de los computados como positivos, relación de sintomáticos y asintomáticos entre los positivos, y certificación del número de ciclos a los que se han realizado las PCR.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de febrero de 2022.- La Asociación sin ánimo de lucro, ELEUTERIA, ha presentado, en Valencia y Canarias, recursos contencioso-administrativo contra las resoluciones de las consejerías de sanidad respectivas, estando pendiente de presentarse el Recurso en Galicia, donde se unirán particulares y otras asociaciones. Todas estas resoluciones objeto de recurso, acuerdan prorrogar la exigencia de certificado covid en distintas actividades como hostelería y restauración, actividades de ocio, salas recreativas y de apuestas, gimnasios, cines, festivales de música, centros hospitalarios y residencias.

La Asociación alega una posible causa de abstención por parte de los Magistrados que dictaron los autos de ratificación, por entenderse que no son imparciales para instruir el presente recurso, y reincide en los argumentos que han venido utilizando hasta la fecha, en todos los recursos que se han ido presentando contra los certificados covid.

Afirman así, una vez más, que las medidas aprobadas carecen de sustento probatorio, ya que no está debidamente acreditado que las personas que se han diagnosticado como enfermos covid, hayan tenido realmente una infección por el virus Sars Cov-2, dado que la prueba PCR que se ha venido utilizando para hacer los diagnósticos, es un hecho que arroja un alto porcentaje de falsos positivos,  tal como ha reconocido el propio Ministerio, careciendo por tanto de prueba suficiente para poder limitar derechos fundamentales. También afirman que el certificado covid carece de utilidad como medida para evitar contagios, dado que las vacunas ni evitan el contagio ni la transmisión, por lo que su imposición solo puede justificarse para fomentar la vacunación, algo que, al ser la vacunación voluntaria, es contraria a derecho y atenta contra tratados internacionales de derechos humanos.

A mayores alegan que en realidad no se trata de vacunas sino terapia génica experimental, de efectos secundarios aún desconocidos a medio y a largo plazo, y evidencia de múltiples efectos adversos graves a corto plazo, además de que la eficacia dista mucho de ser lo que en un principio anunciaron, motivos por lo que, tal como expresan en su escrito, "Repugna al sentido común, forzar la libertad individual para administrar un medicamento experimental", además de no respetar el Código de ética médica de Núremberg.

En cuanto a la gravedad ( presupuesto ineludible para la imposición de medidas restrictivas), a la luz de los últimos datos oficiales, aseguran que la situación epidemiológica dista mucho de revestir una gravedad tal que justifique la restricción de derechos, con cifras de hospitalización y letalidad inferiores a las de la epidemia de gripe de 2018 (Hospitalizaciones del 1,3% frente a 8,4% de la gripe de 2018, y 0,1% de muertes, frente al 1,2% de muertes en la gripe de 2018), incluso comparando el riesgo del COVID con los datos de muertes y efectos adversos graves en Europa (EUDRAVIGILANCE), resulta un mayor riesgo con el medicamento que con la propia enfermedad, representando las muertes por covid un pequeño porcentaje de las muertes totales (6,3%), y ello pese al sobre diagnóstico;  tanto es así que para tratar justificar la existencia de una situación de emergencia o urgencia, la administración habla exclusivamente de contagiados.

Por todo ello, ELEUTERIA alega que las medidas impuestas, no se ajustan al marco legal y jurisprudencial para imponer medidas sanitarias restrictivas de derechos fundamentales, pide la suspensión cautelar de la medida y le requiere a la Administración que aporten informes médicos de los computados como positivos, relación de sintomáticos y asintomáticos entre los positivos, y certificación del número de ciclos a los que se han realizado las PCR.