Los hechos denunciados tuvieron lugar el pasado 16 de noviembre en la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública donde tuvieron lugar las manifestaciones que originaron la decisión de interponer una querella por parte de la Asociación ELEUTERIA. El presidente cántabro manifestó: “pido que se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar”. Palabras que fueron recogidas en distintos medios de prensa que allí se hallaban con motivo del acto celebrado.

En su querella, la Asociación ELEUTERIA recuerda que, en España la vacunación es voluntaria, tal y como se expresa en el Auto del Pleno del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 2021, ya que no es una medida que aparezca contemplada en la Ley 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública. Además, el Auto señala que la vacunación obligatoria supone una intervención corporal coactiva. En relación con esta cuestión se ha pronunciado también la Asamblea General del Consejo de Europa, del que forma parte España, en su resolución 2361 en la que se expresa la necesidad de asegurarse de que nadie esté sometido a presión para vacunarse y de velar por que nadie sea discriminado por no haber sido vacunado.

Por otra parte, tal y como señala la Asociación ELEUTERIA, conviene tener presente que los vacunados contagian y se contagian y que las llamadas vacunas son medicamentos en fase todavía de experimentación por lo que sus efectos adversos resultan aún desconocidos, tal y como ilustra el 8º informe de farmacovigilancia de 16 de septiembre de 2021.

El delito de incitación al odio (art.510 del CP) prohíbe la discriminación ya que se considera el derecho a la igualdad, reconocido en el art.14 de la CE, como un pilar en el que se sustenta toda una estructura de garantías que no es exclusiva únicamente de la Constitución Española, si no que se encuentra reflejada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Protocolo nº12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Recomendación de Política General Nº 15 de 8 de diciembre de 2015 de la ECRI (Comisión europea contra el Racismo y la Intolerancia del consejo de Europa).

El delito de coacciones (art. 172 del CP) protege la libertad de obrar conforme a lo previamente decidido. Los querellantes apuntan que las palabras del Presidente de Cantabria reflejan un deseo de restringir la libertad ajena y una clara intención de querer impedir hacer algo que la ley no prohíbe como es el hecho de elegir libremente no vacunarse.

El delito contra la integridad moral (art.173 del CP) señala que ésta se identifica con las nociones de dignidad e inviolabilidad. Por ello, aquellos actos que pueden crear en las víctimas sentimientos de angustia e inferioridad, o quebrantar su resistencia física o moral, se consideran actos que atentan contra la integridad moral de la persona. Además, el derecho a la integridad física y moral viene garantizado por el artículo 15 de la CE, que proscribe con carácter general los tratos degradantes.

También se podría dar un delito de descubrimiento de secretos (art.197 del CP) ya que cabría preguntarse como sabrán quien está vacunado y quien no. ¿Tienen acaso el dato de los no vacunados?. Si ese es el caso, estaríamos ante un ataque a un bien jurídico protegido como es la intimidad (art.18 CE), en concreto la intimidad médica. A este respecto debe mencionar la LO 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la LO 1/1982 de Protección del Honor, la Intimidad Personal y Familiar, y la Propia Imagen.

Tras las palabras del Presidente de Cantabria, emitidas en un acto público ante la Ministro de Hacienda y diferentes medios de comunicación, que se encargaron de su difusión, desde la Asociación ELEUTERIA no podemos en absoluto obviar la trascendencia de quien así actúa. Nada menos que un político de una gran relevancia a nivel nacional, personaje mediático, seguido por un importante número de españoles y en un acto de alcance, acompañado por la propia ministra. Alguien, en suma, que debería medir mejor el alcance y la veracidad de sus palabras y el daño ocasionado a los que en uso legítimo de sus derechos, deciden no vacunarse, especialmente tras ser corroborado por cada vez más informes científicos revisados por pares y publicados en revistas de reconocido prestigio, que los vacunados transmiten el virus tanto o más que los no vacunados.

La querella ha sido interpuesta en los Juzgados de Instrucción de Madrid, el 22 de noviembre de 2021.